Por: Luis Gabriel Buitrago Pinto
Docente sede San Rafael
Más que la pandemia, fueron las medidas restrictivas a la libre movilidad adoptadas al principio de la misma, las que evidenciaron la gran brecha no solo educativa, sino socioeconómica, que subyace a las mediciones más optimistas del Dane. Develó también tal situación, las profundas grietas sobre las que están dispuestas las bases de nuestra sociedad. Las cifras de violencia intrafamiliar y trabajo infantil ‑o al menos las denuncias sobre las mismas‑, tuvieron un repunte durante este periodo según algunos portales informativos. La comprometida labor docente ayudó a que gran parte de los casos no quedasen silenciados y anónimos.
Con el mismo compromiso, desde el día mismo de decretada la emergencia sanitaria aquel 22 de marzo, los y las docentes, ante la calidad excepcional que todo adquirió de repente, debieron flexibilizar sus mentes primero y luego sus planeaciones, así como las formas de evaluar, sin ocultar que otro(a)s patinaban frente a sus pantallas intentando descifrar cómo navegar sin mapa o sextante, aturdido(a)s por la excepcionalidad misma.
"En 2021, la educación rural seguirá soportando lo más agudo del problema. Algunos programas de alternancia en las aulas ya se han puesto en marcha en medio de la misma precariedad con la que se recibió el inicio de la pandemia."
Con el correr de los días de confinamiento la brecha se fue pronunciado, demostrando, ahora sí en materia educativa, que respecto al sector rural es inconmensurable. La ruralidad colombiana, no la encopetada terrateniente monocultivista y feudal, sino aquella tratada como un lastre para el Estado por los gobiernos de turno, la de los agregados, jornaleros, minifundistas y desposeídos; esa ruralidad, nuevamente, recibió el golpe directo, sin protección.
Sin internet en el campo ‑porque ese servicio, como muchos otros, es un lujo supeditado a caprichos burocráticos o corruptelas-, la posibilidad de conectividad sincrónica entre docentes y estudiantes fue un imposible. Préstamo de equipos electrónicos, colectas benéficas de los mismos elementos -cuando no de alimentos-, recargas a celulares -de bolsillo de lo(a)s profesore(a)s-, donaciones, entre otras, fueron las maniobras para lograr mantener medianos avances en las áreas y planeaciones durante el 2020.
En 2021, la educación rural seguirá soportando lo más agudo del problema. Algunos programas de alternancia en las aulas ya se han puesto en marcha en medio de la misma precariedad con la que se recibió el inicio de la pandemia.
Y es que el regreso a las aulas se le ha convertido en una de las papas más grandes y calientes al gobierno Duque. De un lado padres y madres de familia, divididos en favor y en contra del retorno y del otro, la responsabilidad de tomar tal decisión. Porque a eso se ha reducido el asunto: una cascada de responsabilidades endosadas. Mineducación solicita a las entidades territoriales iniciar sus programas de alternancia, las entidades territoriales a través de sus secretarías de educación piden y presionan a los y las rectoras con el mismo objetivo. Entonces las y los rectores envían encuestas para que los y las docentes expresen su voluntad de hacer presencia en las aulas y estos a su vez, envían encuestas a padres, madres de familia y acudientes con el mismo fin.
El gobierno tiene la herramienta para tomar esta decisión: un sencillo decreto ministerial obligando a volver a las aulas a estudiantes y profesorado. Pero esto no sucederá, al menos no pronto, y tampoco es tan sencillo como tramitar una reforma tributaria en día feriado a media noche. Primero, porque a abril de 2021, en medio de una tercera ola de contagios, alertas sanitarias que oscilan de naranja a rojo y cepas multinacionales; el Covid-19 ha demostrado ser poco menos que impredecible; y segundo, porque no se arriesgará a asumir el costo político de una decisión que podría llevar al país a desbordar su capacidad de respuesta, menos aún en pleno año electoral.
"En tiempos de postpandemia ningún couching o conferencista que quiera intervenir ante un grupo de docentes podrá usar la ya gastada máxima existencialista “salir de la zona de confort”, pues se demostró que los y las docentes nunca han estado en ella. Abuchearle será nuestro derecho. "
La respuesta de los y las docentes ante la pandemia estuvo al nivel que se esperaba, más allá de que se registró, hay que decirlo, un maltrato a los y las estudiantes, generado por el exceso de guías y talleres, muy seguramente en virtud de la angustia del profesorado por la situación misma. Muchos descubrieron durante la cuarentena, sino era ya una práctica en la presencialidad, la potencialidad de la brevedad, la concisión y la sencillez de los ejercicios educativos. Se debe anotar también que el teletrabajo difuminó las fronteras entre lo laboral y lo personal, y las cargas laborales se aumentaron, así como los tiempos de atención a acudientes y estudiantes fuera de lo que se consideraría horario laboral.
La educación remota, demostró que el asunto más urgente que debe atender el Estado en cuanto a educación pública se refiere, no es la calidad o preparación de sus docentes -sin dejar de ser un tema de discusión y atención-, sino la inversión que el mismo hace en infraestructura y tecnología, además de las maneras como se contratan algunos servicios.
En tiempos de postpandemia ningún couching o conferencista que quiera intervenir ante un grupo de docentes podrá usar la ya gastada máxima existencialista “salir de la zona de confort”, pues se demostró que los y las docentes nunca han estado en ella. Abuchearle será nuestro derecho.